Observatorio Judicial - La Sala de lo Constitucional declaró este lunes la inaplicabilidad, por inconstitucional, lo actuado por la Corte Centroamericana de Justicia. De esta forma ordena a la Asamblea Legislativa cumplir obligatoriamente con las sentencias dadas por dicha sala en cuanto a la elección de magistrados en 2006 y 2012. Lea acá comunicado de prensa de la CSJ.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró la noche de este lunes, inaplicable la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), la cual suspendía las sentencias de inconstitucionalidad emitidas por el máximo tribunal del país, sobre la elección de 2006 y 2012 de los magistrados del órgano judicial.
La decisión del tribunal constitucional se dio a conocer a través de la cuenta de Facebook de dicho órgano del Estado
“Sala declara inaplicable por inconstitucional lo actuado por la Corte Centroamericana de Justicia y ordena a la Asamblea Legislativa que cumpla las sentencias por ser obligatorias”, detalla la publicación de dicha entidad.
La semana anterior, la CCJ con sede en Managua, Nicaragua, había admitido el recurso interpuesto por la Asamblea Legislativa en contra de los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional, dejando así sin efecto -temporalmente- las sentencias que rechazaban el nombramiento de magistrados en 2006 y 2012.
La demanda fue interpuesta por el presidente del primer órgano del estado, Sigfrido Reyes, quien se hizo acompañar por una comitiva de diputados, entre éstos, Guillermo Gallegos de GANA y Roberto Angulo de CN.
Esta nueva resolución, emitida la noche del lunes, por la Sala de lo Constitucional obliga a la Asamblea Legislativa a realizar una nueva elección de los titulares de las diferentes salas de la CSJ.
La admisión -el jueves anterior- de la demanda por parte de la corte regional generó reacciones de satisfacción, principalmente de los partidos FMLN, GANA, CN y PES, quienes apoyaron el acudir a las autoridades regionales para resolver la crisis institucional entre el judicial y el legislativo.
Con la demanda interpuesta ante dicho organismo regional, los diputados buscaban buscan resolver la crisis institucional entre ambos órganos del Estado y mantener en sus cargos a los magistrados cuya elección según la CSJ violó la carta magna.
En su planteamiento, el presidente legislativo pidió que, una vez se admitiese la demanda, se tomasen medidas cautelares con la mayor celeridad posible para evitar lo que el consideraba como un “caos” en el sistema judicial. Dichas medidas cautelares, dejaban sin efecto los fallos mientras se resolvía la demanda.
“Sala declara inaplicable por inconstitucional lo actuado por la Corte Centroamericana de Justicia y ordena a la Asamblea Legislativa que cumpla las sentencias por ser obligatorias”, detalla la publicación de dicha entidad.
La semana anterior, la CCJ con sede en Managua, Nicaragua, había admitido el recurso interpuesto por la Asamblea Legislativa en contra de los fallos emitidos por la Sala de lo Constitucional, dejando así sin efecto -temporalmente- las sentencias que rechazaban el nombramiento de magistrados en 2006 y 2012.
La demanda fue interpuesta por el presidente del primer órgano del estado, Sigfrido Reyes, quien se hizo acompañar por una comitiva de diputados, entre éstos, Guillermo Gallegos de GANA y Roberto Angulo de CN.
Esta nueva resolución, emitida la noche del lunes, por la Sala de lo Constitucional obliga a la Asamblea Legislativa a realizar una nueva elección de los titulares de las diferentes salas de la CSJ.
La admisión -el jueves anterior- de la demanda por parte de la corte regional generó reacciones de satisfacción, principalmente de los partidos FMLN, GANA, CN y PES, quienes apoyaron el acudir a las autoridades regionales para resolver la crisis institucional entre el judicial y el legislativo.
Con la demanda interpuesta ante dicho organismo regional, los diputados buscaban buscan resolver la crisis institucional entre ambos órganos del Estado y mantener en sus cargos a los magistrados cuya elección según la CSJ violó la carta magna.
En su planteamiento, el presidente legislativo pidió que, una vez se admitiese la demanda, se tomasen medidas cautelares con la mayor celeridad posible para evitar lo que el consideraba como un “caos” en el sistema judicial. Dichas medidas cautelares, dejaban sin efecto los fallos mientras se resolvía la demanda.
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